Una masacre de 4 jóvenes entre los 18 y 20 años en manos de las disidencias del frente 36 de las Farc fue el más reciente hecho de violencia que se presentó en el Norte de Antioquia. Una subregión que en los primeros 31 días del año ajustó 16 homicidios, 8 de ellos en Yarumal. 

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Un panorama que ha encendido las alamas entre las autoridades del departamento, defensores de derechos humanos y analistas del conflicto armado si se tiene en cuenta que, para el mismo periodo del año anterior, se presentaron 9 casos, lo que representa un aumento del 77,7 por ciento.

Detrás de asesinatos, extorsiones, reclutamiento de menores y desplazamiento forzado están los grupos criminales que se disputan el control del territorio en una zona que se configura como corredor de narcotráfico. EL TIEMPO consultó con expertos sobre lo que está sucediendo en la subregión. 

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Para Óscar Yesid Zapata, defensor de Derechos Humanos de Antioquia, el recrudecimiento de la violencia en la zona se explica por la reconfiguración de los grupos armados, situación que ya había sido advertida por la alerta temprana 011 de 2021 de la Defensoría del Pueblo. 

«Esto ha generado en los últimos años una situación muy compleja de dominio territorial por la presencia de estos grupos, pero también en el incremento de homicidios, extorsiones y otra serie de situaciones que ponen en riesgo total a la población», señaló Zapata. 

En ese mismo sentido, Carlos Zapata, coordinador de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación, agregó que dicha situación se explica porque «en la subregión del Norte hay un corredor de disputa entre Anorí, Angostura, Campamento, Yarumal y Valdivia, que usualmente lo maneja la disidencia del frente 36 de las Farc. Pero ahí también hay presencia de las Agc».

En este corredor, según el coordinador, se ubican los laboratorios de cristalización de droga para la exportación. «Ahí convergen los cultivos de coca y un corredor de movilidad entre el Bajo Cauca hasta el Norte en Ituango. Y eso le da salida de narcotráfico por esa ruta», señaló Zapata.

Sin embargo, el defensor de Derechos Humanos, detalló que las confrontaciones entre los grupos no son constantes. «Algo así como si estuvieran teniendo un control bajo una serie de pactos territoriales, pero lo ocurrido en Campamento enciende las alarmas por las acciones armadas de estos grupos contra la población«, dijo Yesid Zapata.

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En la alerta temprana de la Defensoría se advierte que el escenario de conflicto armado en zonas del Norte antioqueño obedecen a un escalamiento por la presencia y expansión de las Agc, facciones de las disidencias del frente 18 de las Farc (en límites de San Andrés de Cuerquia) y el frente 36, el Eln y ‘Los Pachelly’ de Bello.

«Hay una debilidad institucional que no está respondiendo a las necesidades de la población. Además, hay una ausencia completa de otros entes del Estado que deberían estar brindando garantías a los Derechos Humanos en el territorio», recordó el defensor Zapata.

No hay cese al fuego

Si bien el frente 36 de las Farc anunció en septiembre pasado su voluntad de sumarse a un cese al fuego multilateral y manifestó su intención de participar en el proyecto de Paz Total del presidente de la República, Gustavo Petro; este grupo armado no está ligado al Estado Mayor Central que sí están dentro del cese bilateral que anunció el Gobierno a finales de 2022.

«Durante el proceso de paz, hubo gente del frente 36 que antes de que las Farc empezarán su desmovilización, ya habían dicho que no iban a participar. Son una estructura independiente que no se organizó a partir de Gentil Duarte y de Iván Márquez«, recordó Carlos Zapata.

Por esta razón, el experto aseguró que en principio no deberían de verse beneficiados por el cese al fuego porque «la Fuerza Pública tiene la obligación constitucional de perseguir a los actores armados al margen de la ley. No he visto acciones que muestren que la disidencia del 36 quieran sumarse a un diálogo».

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Además, recordó que este frente tiene una alianza con el Eln. «Eso es incuestionable, pero eso no le da estatus político y de negociación», agregó Zapata.

El analista señaló, además, que durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se presentó un estancamiento en el comercio de pasta de coca, que se ha movido un poco más desde mediados de enero. De ahí que estén disparadas las extorsiones como medio para garantizar su renta criminal. 

En medio de las confrontaciones entre los ilegales está la población del Norte de Antioquia. «Debería haber un fuerte llamado del Gobierno Nacional para que no se sigan cometiendo acciones en contra de la población«, puntualizó Yesid Zapata. 

Medidas de las autoridades

Tras la masacre ocurrida entre Angostura y Campamento, la secretaría de Seguridad de Antioquia informó que entregará 100 millones de pesos en recompensa para quien entregue información que dé con el paradero de alias Leo o Firo, presunto cabecilla del frente 36. 

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Asimismo, tras un consejo extraordinario de seguridad realizado en Yarumal se tomó la decisión de incrementar el pie de fuerza del Ejército Nacional y la Policía en este municipio para garantizar el control territorial. Por eso, se adelantarán patrullajes mixtos en los principales corredores viales, así como actividades de prevención antiextorsión.

SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR
CORRESPONSAL EL TIEMPO MEDELLÍN
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