La deuda de las EPS y el Gobierno Nacional con los hospitales públicos de Antioquia asciende a un billón ciento cincuenta mil millones de pesos, lo que tiene en riesgo inminente de cierre a cerca de 45 centros hospitalarios de todo el departamento.
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Así lo aseguró la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA) que este miércoles, 30 de agosto, lanzó una delicada alerta al Gobierno Nacional para que atienda la situación que —en caso de agravarse— podría afecta a cinco millones de pacientes antioqueños.
«Los hospitales estamos atravesando una grave crisis financiera en el sentido de que las EPS no nos están haciendo el flujo de recursos como nosotros esperamos. No nos están pagando los servicios que ofrecemos en nuestros hospitales y en este momento se ha disminuido el flujo de recursos, nos están pagando mucho menos de lo que nos pagaban antes», aseguró,Luis Hernán Sánchez, director ejecutivo de la AESA.
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Las cuentas de la agremiación—que tiene afiliados a 116 de los 129 hospitales públicos del departamento— indican que por el régimen subsidiado se adeudan 530.000 millones de pesos, mientras que por el contributivo son 282.000 millones de pesos.
La deuda de las EPS liquidadas asciende a 250.000 millones de pesos.
El llamado que hacemos es urgente para que el Gobierno Nacional y la Superintendencia Nacional de Salud tomen las medidas necesarias
«La EPS que más le debe a los hospitales públicos de Antioquia en el régimen subsidiado es Savia Salud (265.000 millones de pesos), porque hace presencia en todo el departamento. En el régimen contributivo la EPS que más nos adeuda es la Nueva EPS, con 78.000 millones de pesos», apuntó Sánchez.
A eso se suman las EPS que se liquidaron —como Coomeva, Saludcoop y Cafesalud— que quedaron con una deuda de 250.000 millones de pesos. El Gobierno Nacional, por su parte, debe 90.000 millones de pesos por atención de accidentes de tránsito y la atención de pacientes migrantes y población no asegurada.
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El Gobierno también le debe a los hospitales recursos por la vacunación Covid, que se requieren para cerrar el año fiscal. En algunos centros asistenciales esta deuda varía entre los 300 y los 700 millones de pesos. Por eso, hicieron un llamado para que se agilicen los pagos.
«El llamado que hacemos es urgente para que el Gobierno Nacional y la Superintendencia Nacional de Salud tomen las medidas necesarias para que se corrija esta situación y que las EPS nos paguen los recursos», dijo el directivo ante el riesgo inminente de cierre que tendría los hospitales entre octubre y noviembre.
La EPS Savia Salud tiene 1,7 millones de afiliados en Antioquia, la mayoría del régimen subsidiado. Sus tres socios son la alcaldía de Medellín, la gobernación de Antioquia y Comfama.
Guillermo Ossa / EL TIEMPO
Y es que a pesar de que existen mesas de trabajo con la Contraloría, la Supersalud y la gobernación de Antioquia para solucionar el tema de la deuda, según Sánchez en muchos casos las EPS envían delegados sin poder de decisión para llegar a acuerdos.
La situación más crítica se vive, por ejemplo, en las ESE de Guadalupe, Anzá, Angelópolis, Vegachí y Necoclí. Esta última población especialmente afectada por la atención de pacientes migrantes que viajan hacia el Darién.
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Si se mira por subregiones, la problemática se agudiza en el Bajo Cauca —donde la EPS Coosalud no está pagando por las atenciones a los pacientes del régimen subsidiado ni contributivo— y el Urabá antioqueño.
Se estima que cerca del 70 por ciento de los municipios de Antioquia (125 en total) el único prestador de servicios de salud es el hospital público. De ahí que sea necesario que se tomen cartas en el asunto antes de que cierren servicios como hospitalización, obstetricia, farmacia, consulta externa, entre otros.
MEDELLÍN
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