La Defensoría del Pueblo ha revelado preocupantes cifras en su reporte sobre homicidios contra líderes y lideresas sociales, así como personas defensoras de derechos humanos en el primer semestre de 2023. En este período, se registraron un total de 92 homicidios, una alarmante cifra que pone de manifiesto la persistente violencia que enfrentan los liderazgos en diferentes regiones del país, según denunció el defensor Carlos Camargo Assis.
El informe muestra que entre enero y junio, los sectores sociales más afectados por esta escalofriante violencia fueron los líderes comunales, con 22 homicidios, seguidos por los líderes comunitarios con 20 casos y los líderes indígenas con 16. Estos tres grupos concentran el 63 por ciento del total de homicidios registrados por el Sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.
El mapa de homicidios presenta una distribución preocupante, ya que se reportaron asesinatos en 26 departamentos del país. Cauca fue la región más afectada con un total de 17 casos, seguido por Nariño y Antioquia, ambos con siete casos cada uno. Además, Valle del Cauca y Córdoba registraron seis casos cada uno, mientras que Bolívar y Cesar presentaron cinco muertes cada uno.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, expresó su indignación frente a esta situación y cuestionó la aparente normalización de los homicidios de líderes y lideresas sociales, así como defensores de derechos humanos, que continúan ocurriendo de manera recurrente cada semestre. «Es una vergüenza para el Estado que no se observen medidas contundentes que garanticen la vida de quienes defienden los derechos de sus comunidades», afirmó.
Aunque se registró una disminución en el número de homicidios en comparación con el mismo período del año anterior, donde se contabilizaron 114 casos, la Defensoría advirtió sobre la creciente preocupación de que la violencia contra esta población pueda aumentar en los próximos meses. Este escenario es especialmente inquietante, dado que el país se encuentra próximo a los comicios electorales regionales que se llevarán a cabo en octubre.
El informe de la Defensoría del Pueblo es un llamado a la sociedad y a las autoridades para trabajar en conjunto y detener esta ola de violencia que amenaza a quienes dedican su vida a construir una Colombia más inclusiva y respetuosa de los derechos fundamentales de todos sus ciudadanos. La paz y la justicia deben prevalecer, y es responsabilidad de todos lograr un país en el que la defensa de los derechos humanos no implique poner en riesgo la vida de sus valientes protagonistas.