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Conozca los enredos que harían caer a Luciano Grisales como director de la UGPP


El exrepresentante a la Cámara por el Quindío Luciano Grisales Londoño está bien enredado por sus actuaciones políticas y su decisión de otorgar contratos a dedo, evadiendo las licitaciones públicas en la dirección de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), una de las más importantes entidades del Ministerio de Hacienda y del gobierno nacional.

Grisales es uno de los tres funcionarios mejor pagados del país, y su salario puede estar llegando a $37 millones de pesos mensuales, según reveló este domingo en un informe especial la Revista Cambio. Su primer pecado es haber llevado a esa dirección a importantes fichas políticas suyas en el Quindío, como al excandidato a la Asamblea Jorge Alberto Isaza Garay, a quien nombró como su principal asesore del despacho con un salario superior a los $25 millones, sin el lleno de los requisitos profesionales y de experiencia sobre el tema de la gestión pensional y parafiscal.

El político quindiano representa en ese cargo al exsenador Julián Bedoya, de Antioquia, con quien no solo hizo campaña en el Quindío dentro del partido Liberal durante dos periodos constitucionales, sino que fue su principal aliado mientras estuvo en el Congreso de la República.

La denuncia sobre politización de la UGPP por parte de Luciano fue hecha también por la Revista Cambio, que dio a conocer la lista de funcionarios de la anterior alcaldía de Medellín, sin experiencia en el tema pensional, que fueron nombrados en esta dependencia del Ministerio de Hacienda.

Sobre la entidad que regenta Grisales, la Revista precisó: “La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) no es una de las entidades más visibles de gobierno. Fue creada hace 14 años, se encarga de verificar que las empresas cumplan con el pago de las obligaciones con sus trabajadores en materia de seguridad social, y maneja un presupuesto de 289.000 millones de pesos. Es una oficina de cargos técnicos que tiene una particularidad: los honorarios del director son el tercer salario más alto en el sector público en Colombia: puede llegar a hasta 37 millones de pesos mensuales”.

Dice también que “Grisales Londoño es el primer político que ocupa ese cargo en la historia de esa unidad. En los gobiernos de Juan Manuel Santos y de Iván Duque los directores fueron personas con perfil netamente técnico”.

Y añade: “Con el nombramiento de Grisales Londoño vinieron más ajustes: en la UGPP cambiaron a casi todo el personal experto y convirtieron esa entidad en un fortín político con el que quieren defender los intereses del Partido Liberal. Según información que conoció CAMBIO, las personas que llegaron a estos cargos directivos no tienen experiencia relacionada con el tema de la entidad y además gozan de sueldos altísimos. Además, hay millonarios procesos de contratación que se estarían entregando a dedo”. 

Otros nombramientos

En la UGPP Grisales nombró a otras personas del Quindío en cargos menores, todos sin la experiencia profesional que requiere el delicado tema pensional y parafiscal. Pero el mayor juego político se lo hizo a su aliado Julián Bedoya. De este grupo, la Revista Cambio destaca a Edwin Muñoz Aristizábal, nombrado como director de Gestión de Tecnología de la Información en febrero de este año. “Muñoz fue gerente de la Empresa de Seguridad Urbana (ESU) de Medellín, durante la administración de Quintero, y justamente su paso por esa oficina le dejó una investigación abierta por presuntas irregularidades en un proceso que costó 100.000 millones de pesos para escoger la vigilancia para las entidades de la alcaldía en la capital antioqueña”, señala Cambio. 

Y sostiene: “Ese no es el único problema con ese funcionario. En diciembre de 2023, cuando todavía Muñoz Aristizábal era gerente de la ESU, esa entidad firmó un convenio interadministrativo de tecnología con la misma UGPP a donde meses después iba a llegar para dirigir la oficina encargada de las TIC”. 

También dice la Revista Cambio que “otro nombre que ahora ocupa uno de los puestos más importantes en la UGPP es el de Marelbi Verbel Peña, directora de Soporte y Desarrollo Organizacional con funciones de ordenadora del gasto, es decir, la que se encarga de toda la contratación en la unidad. Esta funcionaria también trabajó en la ESU de Medellín como subgerente administrativa y financiera en la misma época de Edwin Muñoz. 

Cuando Verbel Peña fue nombrada en la ESU, la veeduría Todos X Medellín la calificó como una de las cuotas de Julián Bedoya en la administración de Quintero. Ahora, ella, quien también fue candidata a la Alcaldía de Chigorodó en Antioquia, es la cuota de Bedoya, pero en la oficina que se encarga de vigilar los parafiscales a nivel nacional”.

La investigación de la Revista Cambio sostiene: “Siguen apareciendo nombres cercanos al exalcalde Daniel Quintero en los puestos más altos de la UGPP. Juan Pablo Ramírez, quien fuera secretario de Gobierno de Medellín fue nombrado como subdirector de normalización de expedientes pensionales en la unidad. Sin embargo, él tiene también un proceso abierto en su contra por presunta financiación indebida en la campaña de Juan Carlos Upegui”.

Y subraya la publicación: “Otro político de Antioquia, la tierra de Julián Bedoya, fue beneficiado con un cargo directivo en la Unidad de Gestión Pensional. El exdiputado, exalcalde de Salgar y excontralor regional, Alexander Flores García, es ahora el director de pensiones de la entidad.  

Aunque Flores tiene una amplia experiencia en el sector público, fuentes al interior de la UGPP le dijeron a CAMBIO que no sabe de temas pensionales, tampoco conoce cómo se debe sustanciar un acto administrativo de carácter pensional y tampoco cumple con el horario laboral. Aun así, siendo director recibe un salario mensual que supera los 25 millones de pesos”. 

Y hay más, según la investigación de Cambio: “A la unidad llegó también Juan Pablo Duque Gonzáles como director de parafiscales. Este político y abogado, quien fuera miembro de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, es especialista en Derecho Penal y Constitucional pero no tiene conocimiento en el tema del sistema pensional. A pesar de eso, su cercanía con Grisales hizo que lograra quedarse con esa importante dependencia que, según los testimonios recogidos por CAMBIO, ya no es tan eficaz como antes. 

Finalmente aparece el nombre de José Fernando Tobón Roldán nombrado como subdirector de Parafiscales y quien, según la W Radio, viene de trabajar con Olmedo López en la Unidad de Gestión de Riesgo (UNGRD) en donde “aprobó la entrega de transferencias económicas directas por un monto de más de 150.000 millones de pesos a entidades como CorAntioquia y CorpoUraba”, según La W”. 

“En la UGPP Grisales Londoño cambió la mayoría de los cargos que hacen parte del Consejo Directivo y de la Dirección General. De las direcciones y subdirecciones salieron funcionarios que llevaban incluso más de una década vinculados a esa oficina gubernamental y, en su lugar, llegaron personas como las mencionadas anteriormente que reflejan el clientelismo con el que ahora se maneja esa entidad”, subraya la publicación. 

A eso se le suma que esos directores tienen sueldos de entre 25 y 27 millones de pesos. El director, por su parte, es el tercer funcionario, después del presidente de Ecopetrol y el presidente de Colpensiones, que en el sector público tienen por ley los salarios más altos debido al nivel de conocimiento que se debe tener para ocuparlos. 

Contratación a dedo

Otro de los líos que enfrenta Grisales es que ha evadido las licitaciones públicas en las contrataciones de la UGPP, una entidad del Estado. Dice Cambio que “a comienzos de 2024 se empeñó en entregar grandes procesos contractuales de la entidad de forma directa a través de contratos interadministrativos y sin licitación o convocatorias abiertas que garanticen la competencia de la que tanto habla el presidente Gustavo Petro”. 

Revela la publicación que “De los cuatro grandes contratos que este año se vencen y que, por ende, la unidad debe entregarlos a un nuevo proveedor, ya hay uno que fue adjudicado a dedo. Son casi 170.000 millones de pesos que están en juego porque se trata de compromisos que se pagarán con vigencias futuras que el Ministerio de Hacienda aprobó, pero con la condición de adelantar licitaciones, las mismas que Grisales no quiere hacer”.

Y dice más adelante Cambio: “El contrato que ya fue entregado es para encargarse de toda la gestión documental de la entidad. El periódico El Tiempo reveló hace una semana que ese proceso, que se adjudicó en abril por aproximadamente 25.000 millones de pesos, quedó en manos de Rotorr de Innovación que es la empresa paralela de la Universidad Nacional y que como lo dio a conocer CAMBIO maneja millonarios negocios sin que haya transparencia e idoneidad”. 

“Aunque el proceso para contratar la gestión documental siempre se había hecho con licitación, esta vez Grisales Londoño decidió hacerlo a través del famoso y ya mencionado contrato interadministrativo con Rotorr. CAMBIO pudo establecer que funcionarios de la UGPP le advirtieron al director que esa figura no procedía y que se podrían presentar problemas en caso de seguir adelante”. 

Denuncia ante la Casa de Nariño

“A pesar de eso, una denuncia que llegó a Casa de Nariño y al Ministerio de Hacienda, advierte que se dilató deliberadamente la posibilidad de abrir una licitación, se torpedearon los trámites y al final del día, cuando ya se necesitaba adjudicar, no hubo tiempo suficiente para abrir un proceso de selección y por eso se acudió a la contratación directa. Esa situación provocó que varios funcionarios del área financiera, que no quisieron firmar, presentaran su renuncia a la entidad”. 

“Pero puede haber más. Entre julio y agosto de este año se vencen también los contratos vigentes para normalización pensional, atención al ciudadano y el de infraestructura tecnológica. En los tres casos no se han abierto las respectivas licitaciones y el tiempo está en su contra.

El más grande de esos procesos es el de la infraestructura tecnológica que cuesta aproximadamente 69.000 millones de pesos. La UGPP intentó también adelantar la selección desde principios de este año, pero como hubo tantas demoras, cuando se abrió ninguna empresa alcanzó a presentarse y se tuvo que declarar desierta. 

Eso generó que al actual operador, que es la empresa Indra, se le prorrogará por unos cuantos meses más el contrato utilizando la figura de urgencia manifiesta. Lo que advierten las fuentes de la UGPP que hablaron con CAMBIO es que el director Grisales quería dejar ese contrato en manos de la Agencia Nacional Digital, pero no ha podido hacerlo. En agosto se vence la adición a Indra y, existe el riesgo y el temor de que toque entregar el nuevo proceso a dedo. 

Los otros dos, según la UGPP, a la fecha están publicados en la plataforma Secop, para adelantar licitación pública. Sin embargo, dicen «llegamos a la etapa de respuestas a observaciones, pero nos enfrentamos a una situación compleja, toda vez que aún no contamos con la aprobación de vigencias futuras por parte del Ministerio de Hacienda».

Más irregularidades 

La Revista Cambio también reveló que revisó los números de la UGPP en materia de ejecución presupuestal, los cuales evidencian un aumento exagerado en el rubro destinado al pago de nóminas. “Según los datos, en 2022 y 2023 se destinó para ese propósito entre 90.000 y 95.000 millones de pesos. 

No obstante, este año, esa cifra aumentó a 145.000 millones de pesos que se reflejan en el crecimiento exagerado de contratos de prestación de servicios y que equivalen a casi la mitad del presupuesto total de la entidad para esta vigencia, que asciende a los 289.000 millones de pesos”. 

Piden la renuncia de Grisales

Los denunciantes de todas las irregularidades, según Cambio, van más allá: “Le solicitamos pedir la renuncia del señor Luciano Grisales y los directivos que él ha vinculado a la entidad en perjuicio de la función y los recursos públicos que administra la UGPP. Se encuentra a tiempo de corregir el rumbo de la entidad, la función de recaudo tan importante en estos momentos para el país”.

¿Qué responde Luciano Grisales? 

La Revista Cambio consultó con Luciano Grisales, director de la UGPP, sobre la nueva situación en la entidad y, en primer lugar, sobre el cambio de funcionarios técnicos a políticos explicó que solo el 5 por ciento de las personas son de libre nombramiento y remoción. Por eso, afirmó “se trata de una entidad muy poco proclive al clientelismo”.

Sin embargo, dijo que es natural los ajustes que se hacen en este tipo de entidades. “´Por tratarse no solo de un nuevo gobierno sino de un gobierno que representa un cambio diametral con sus antecesores, los relevos en el personal directivo han sido graduales y respetuosos de la institucionalidad de la Entidad”.  

En el análisis de la investigación de Cambio, precisan; “A pesar de las explicaciones de Grisales eso no había sucedido en las administraciones pasadas. Aun así, eso lo justifica el director asegurando que “como es normal, las personas que hacían parte del equipo directivo de la entidad venían de gobiernos anteriores y en ese sentido interpretaban, en la unidad, el espíritu de esos gobiernos”. 

Falta de idoneidad

Sobre la falta de experiencia e idoneidad de las personas nombradas Grisales manifestó: “hay en estos nombramientos, como señalé, dos tipos de condiciones: una es que algunas de estas personas son de mi entera confianza y han hecho parte de mi equipo durante muchos años. Otras responden al propósito y la visión que desde la dirección he esbozado, atendiendo a las directrices que desde el proyecto político del presidente se han delineado”.

Sobre el aumento de los sueldos indicó que es producto del ajuste que determina el decreto salarial (0301 del 5 de marzo de 2024). 

Finalmente, se pronunció sobre el contrato directo que se firmó con Rotorr de la Universidad Nacional. Al respecto mencionó las bondades de ese proceso y dijo que lo entregaron de esa forma porque el área de contratación, a partir de un estudio técnico riguroso que pondero necesidades operativas, oportunidades económicas y la variable del tiempo, señaló esa vía legal como la más conveniente para el propósito y los intereses de la unidad.





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