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Infraestructura de transporte: un sector apetecido por los carteles de corrupción


Los evidentes malos manejos presupuestales y de planeación en la avenida inconclusa Los Colibris, tienen al ex alcalde de Pereira Carlos Maya y su equipo, en la mira de los organismos de control. Un caso de presuntos actos de corrupción, que deja nuevamente en evidencia cómo las obras de infraestructura vial son apetecidas por los políticos y redes de contratistas que hacen parte de los carteles asociadas a la contratación vial. La Avenida los Colibris está en la mira por su evidente incumplimiento, pero, no hay que perder la mirada integral de las obras actuales como Las Vías del Samán, o las que dejó de hacer Autopistas del Café.
La historia de la infraestructura en Colombia se resume muy bien cuando, por ejemplo, se analiza el ferrocarril de Antioquia, construido en el siglo XIX. En 1874 Antioquia firmó un contrato de construcción con el ingeniero cubano Francisco Cisneros y pese a no contar con el apoyo del gobierno nacional, consiguieron fondos privados por inversores extranjeros. Se preveía que la construcción duraría 8 años, sin embargo, se convirtieron en 55 (Razón Pública, 2022). Hoy, 150 años después, seguimos entregando las obras de infraestructura de transporte a empresas, pensando que en manos de privados, estas serán más eficientes. Pero el tema de fondo es: sea sector privado o público, el gran problema es la corrupción en el sector.
Los plazos han sido un problema en la construcción de la infraestructura colombiana – en época electoral se inauguran obras sin terminar o se alargan con adiciones presupuestales favoreciendo el tan conocido “CVY” (¿Cómo voy yo ahí?), pero también se han presentado dificultades de seguridad, sostenibilidad, voluntad política y falta de planificación. Aún en la actualidad vivimos dicha situación, con contratistas e ingenieros más interesados en los anticipos y solicitud de prórrogas que en la planeación, análisis integral y ejecución de obras de calidad. Hoy el sistema de transporte es ineficiente, vulnerable al cambio climático y con dependencia en las carreteras inundadas de peajes (168 peajes, menos del 15 % de los cuales están en manos públicas).
De acuerdo con Juana Afanador, en su artículo de Cuestión Pública (2022), gran parte de los proyectos de infraestructura vial se financian mediante los peajes (45 % para ser exactos). El gobierno nacional es el encargado de regularlos, pero bajo la modalidad de concesión, son los privados quinen recaudan y administran esos peajes, incluso los que están en manos de INVIAS. En época de invierno, los derrumbes se multiplican; municipios, corregimientos y zonas rurales quedan completamente incomunicados, afectando miles de personas. El colapso de las vías en Colombia ya se volvió parte del paisaje y no es posible exigir a las concesiones el apoyo en mantenimiento porque “no hacen parte de sus compromisos contractuales”. Un claro ejemplo ha sido el municipio de Marsella, cuya vía al cerrarse obliga a sus habitantes a tomar la vía por Chinchiná, con el pago del peaje y sin posibilidad de apoyo por parte de Autopistas del Café.



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