​El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, apersonado de la situación de orden público en varios municipios de Antioquia y el Bajo Cauca, acusa a los del ‘clan del Golfo’ de estar utilizando el paro minero como fachada de sus desmanes para expandir su poder territorial. Dice que se aprovechan de la ‘paz total’. Pide a la Fuerza Pública que no descanse para recuperar el territorio.

(Le podría interesar: Cabecillas del ‘clan del Golfo’ detrás del denominado paro minero)

Gobernador, usted ha hecho presencia en Caucasia y en varios municipios donde se ha alterado de manera grave el orden público. ¿Nos explica qué es lo que está pasando allá?

Lo que pasa en Caucasia, en el Bajo Cauca y en el nordeste antioqueño, no es una situación nueva, pero sí se ha agravado. Caucasia es el municipio más grande de la subregión del Bajo Cauca antioqueño, un municipio de 100.000 habitantes; la región del Bajo Cauca tiene otros seis municipios y su población está en este momento superando los 350.000 habitantes. Y la población del nordeste de Antioquia, también con tradición minera de siglos atrás, es una subregión de diez municipios y algo más de 350.000 habitantes.

O sea que estamos hablando de dos subregiones que suman entre 650.000 y 700.000 habitantes…

Y donde ha habido tradicionalmente, por desgracia, presencia histórica de grupos al margen de la ley. Las Farc, el Eln y, actualmente, el ‘clan del Golfo’. 

(Además: Proceso de paz en que está empeñado el Gobierno no implica debilidad: Mindefensa)

Que hoy es el mandamás…

Exactamente. Llevamos más de treinta o cuarenta años de presencia de ilegalidad allí.

¿Con siembra de coca?

Inicialmente la siembra de coca, su procesamiento y el tráfico de cocaína eran el tema más grave. Eso fue lo más destructor del territorio entre 1985 y 2010, pero en los últimos 15 o 20 años se ha incrementado en forma enorme.

Paralelo a la coca, que no ha desaparecido, está la minería ilegal y su destrucción ambiental, se lo puedo decir, el peor desastre ambiental de Antioquia. Hablamos de más de 70.000 hectáreas que se han destruido en estas décadas que menciono, pero el promedio anual ha incrementado; del 2021, cuando las hectáreas destruidas fueron más de 10.000, al año 2022, cuando las cifras preliminares nos dicen que podemos estar hablando de 15.000 hectáreas y durante los primeros meses del año 2023 ese ritmo ha aumentado.

(Le recomendamos: Más de 100 mil niños han dejado de estudiar por violencia en el Bajo Cauca)

Los ríos cristalinos que corren por selvas vírgenes se convierten, en el transcurso de días, de semanas, en ríos de lodo y de mercurio. Esto ya no es un tema de orden no solo departamental. Es nacional.

¡No, no, una barbaridad!

Uno sobrevuela el territorio y ve al lado de las máquinas de minería ilegal, la destrucción con la tala de los árboles y la quema de los bosques y al mismo lado ve la siembra de coca. Los dos fenómenos convergen en el territorio, así como sus actores. 

O sea, Caucasia está como una caldera, con la suma de todos los males posibles…

Y no solo es Caucasia porque tenemos áreas de ese territorio del Bajo Cauca otros seis municipios en similares condiciones. El control territorial del Estado es parcial. Duro decirlo, pero con franqueza, hay territorios del Bajo Cauca en los cuales incluso el control lo tienen esos grupos al margen de la ley. 

Finalmente llegaron las fuerzas del orden público a las que se les había ordenado acuartelamiento y se les han prohibido las acciones ofensivas, entre otras, contra el ‘clan del Golfo’, que supuestamente está en cese del fuego bilateral con el Gobierno, hasta que al Presidente ayer se le colmó la copa y dijo que era claro que sus miembros no tenían intenciones de pactar la paz.

El viernes estuve yo en lo que denominaba la última opción para una salida pacífica al paro que ha ido escalonando y se torna cada vez más en violento. Reconozco que los representantes de los mineros tuvieron una posición valiosa desmarcándose del paro. Pero la Fuerza Pública entró todo este fin de semana y está tratando de reestablecer el orden. 

¿Y eso es qué?

Primero que todo, restablecer la movilidad en las vías arterias y el normal funcionamiento de los municipios. Por el chantaje y por la amenaza de estos grupos ilegales, en cabeza de ellos el ‘clan del Golfo’, comercios y escuelas han cerrado totalmente. 

Y hasta las clínicas y hospitales…

Por eso digo que los mineros están siendo extorsionados, amenazados, amedrentados por este grupo ilegal, para que aparezcan como fachada del paro. Pero a nadie se le puede ocurrir que los mineros legales hayan sido capaces de decirles a dos subregiones de Antioquia con 700.000 habitantes, que cierren sus comercios y escuelas. Que todo se cierre. Esa capacidad de amedrentar la tiene es el ‘clan del Golfo’.

El planteamiento del Gobierno, y en principio suena muy bien, en hacer el menor daño posible en la protesta y desórdenes sociales, ¿no cuenta cuánto daño le han hecho a la economía de esa zona y a todos sus habitantes? ¿Cómo podemos prescindir del uso de la Fuerza Pública cuando hay un problema de esta magnitud y según usted mismo lo reconoce, no se le puede adjudicar al pequeño minero, sino a las poderosas economías de la coca y minería ilegal?

Hoy contamos con la actuación total de la Fuerza Pública para restablecer el orden. Tuve la oportunidad de estar reunido aquí en Medellín desde el miércoles en la tarde, con los ministros de Defensa, del Interior, la ministra de Ambiente y los altos mandos, analizando en conjunto la situación. Pues la decisión del Estado es que la Fuerza Pública tiene la orden de recuperar el control y normalizar el territorio en su conjunto.

Ha habido, desafortunadamente, respuesta violenta por parte de, digamos, nuevamente, de los mineros, pero infiltrados completamente por este grupo delincuencial, y presionados. Tenemos videos y grabaciones que prueban que este grupo obliga a los hombres y a los jóvenes, en las horas de la noche del viernes a montarse en volquetas para ir a las zonas de protesta. Es un secuestro, un reclutamiento forzado para que aparezcan como fachada y para que sirvan como carne de cañón en los frentes de las obstrucciones de las vías. 

(Le podría interesar: Cabecilla del ‘clan del Golfo’ cayó con granada en mano en llamado paro minero)

Más la extorsión de los mineros…

Se les cobra desde uno hasta cinco millones para financiar las actividades del paro, supuestamente pacífico, pero que ha sido con violencia. Han intentado quemar la Alcaldía de Caucasia, tomarse y quemar estaciones de policía en los diferentes municipios, reventar los tubos del acueducto. ¿A quién se le puede ocurrir que eso es un paro pacífico de mineros? Eso es un paro violento, completamente infiltrado por el ‘clan del Golfo’.

Pues hay una orden del Gobierno de que no debe haber operaciones ofensivas en los lugares donde haya conflictos con, precisamente, el ‘clan del Golfo’ y sus congéneres. ¿Cómo podemos mantener la ocupación de las zonas, el control territorial, si no puede haber ataques ofensivos?

Vengo diciendo que han aprovechado y abusado de ese proceso, y del gesto de voluntad del Gobierno para que entreguen sus negocios ilícitos, paren de asesinar, secuestrar, extorsionar. También he denunciado que no existe mecanismo de verificación de ese cese al fuego.

He tenido ese diálogo con el Gobierno nacional y por fortuna hoy la situación en el Bajo Cauca, en el nordeste, es de presencia de la Fuerza Pública y tiene mi respaldo en el restablecimiento de los derechos de cientos de miles y miles de ciudadanos que están siendo afectados en todos sus derechos. Casi como una cosa de película de terror, van en las horas de la noche a las casas de los habitantes de estos municipios y obligatoriamente sacan a los hombres y a los jóvenes para montarlos en una volqueta y llevarlos a los sitios de protesta.

¿Cuál es la situación a esta hora?

En el nordeste de Antioquia, en los cinco municipios en los que tenemos allí problemática, se ha recuperado en una gran medida la normalidad, hay comercio abierto, hemos mandado caravanas humanitarias para que abastezcan los municipios, porque ya con casi diez días de paro había municipios con un alto nivel de desabastecimiento en alimentos y de medicinas en los hospitales. Pero en el Bajo Cauca la situación es más compleja.

(Más: Lo que dijo Petro sobre el denominado paro minero)

Hoy tenemos varios municipios que están funcionando parcialmente porque hay presencia de grupos encapuchados tirando piedras, bombas molotov contra la Fuerza Pública, contra establecimientos públicos, como en Tarazá y Cáceres. En la noche del viernes al sábado estos manifestantes, una horda de 400 o 500, repito, siempre infiltrados, pagados, presionados, amenazados por este grupo criminal, atacaron la estación de policía del corregimiento de Jardín de Tamara en Cáceres, y allí fueron repelidos por la Policía y el Ejército.

La situación entonces es de normalidad en algunos de los municipios, pero de confrontación actualmente de la Fuerza Pública con estos manifestantes en otros de los municipios. Esperamos se termine de consolidar la presencia de la institucionalidad a través de la Fuerza Pública y podamos la próxima semana ir ya llevando la normalidad a todo el territorio. Es que esta es una falsificación de la movilización social…

Pero el Gobierno se ha demorado en darse cuenta…

Y hemos venido permitiendo contaminar la protesta social con violencia. ¿A quién se le puede ocurrir que hay movilización social en una protesta en la que se tumban árboles en las vías y no se permite el paso ni siquiera de las ambulancias? 

(También puede leer: FAC transporta alimentos para habitantes del bajo Cauca afectados por paro)

Mas el secuestren de jóvenes rumbo a un reclutamiento forzado para las protestas…

Entonces, estamos presenciando algo gravísimo, que es la falsificación de la movilización social, lo cual es algo que desvirtúa completamente una protesta que puede ser pacífica y que debería tener no solo la aceptación de los ciudadanos, sino la defensa y la protección del Estado. Pero en las condiciones en que se vuelve una protesta violenta, falsifica completamente la movilización social. La tergiversa. Las primeras víctimas de este paro falsificado, utilizado por el ‘clan del Golfo’, son los propios mineros, que se utilizan como fachada, y la movilización social, que queda falsificada. 

¿Y qué pasará con los pequeños mineros, con la minería artesanal?

Venimos trabajando desde la Gobernación de Antioquia para avanzar, con los verdaderos mineros, con los que se quieren formalizar, con los que quieren salir de la ilegalidad. Es un gran proyecto que denominamos ‘El distrito minero del Bajo Cauca’. Con inversiones que podrían superar los 100.000 millones de pesos, para avanzar en su formalización. 

Pero precisamente eso al ‘clan del Golfo’ no le conviene…

No le conviene la formalización ni la normalidad. Le conviene la ilegalidad. Es una forma de dinamitar, de sabotear esa salida del distrito minero.

¿Cree que esta semana se va a lograr normalizar?

Desafortunadamente tengo que confesar que no creo. Este grupo del ‘clan del Golfo’, se lo dije al anterior gobierno, a los altos mandos, al ministro de Defensa, en reunión que sostuve con ellos cuando se extraditó a Otoniel, cabecilla que se capturó de este ‘clan del Golfo’, estos tipos decretaron lo que ellos llamaron un ‘paro armado’ y eso afectó a seis departamentos de Colombia, con afectaciones totales de movilidad, hasta por cinco días.

Ese fue un mensaje del poder intimidatorio de este grupo. Y eso va a continuar, siempre que les toquen sus intereses. La destrucción de las dragas ilegales fue el ‘florero de Llorente’ que precipitó el paro. Lo que quiero decir es que se trata de un grupo de enorme capacidad intimidatoria, que ha acumulado una gran riqueza y con eso compra mercenarios. El ‘clan del Golfo’ es un reto de seguridad para el Estado colombiano. Por tanto no es un problema de Antioquia ni del sur de Córdoba. Es el principal reto de seguridad del Estado colombiano. Se lo dije al anterior gobierno y se lo repito a este. 

¿Cree que es bueno conversar con ellos en la ‘paz total’ y darles regalitos judiciales y todo eso?

Lo que es bueno es someterlos. Si entran a la ley de sometimiento, pues está bien. Pero no solo someterlos el Estado a través del ejercicio de la ley, de la autoridad, porque aquí lo que hemos visto en los últimos treinta o cuarenta años es cómo los grupos al margen de la ley cambian de camiseta.

(Además: Clan del Golfo estaría pagando hasta 300 mil pesos por quemas en el Bajo Cauca)

En un momento fue Pablo Escobar, en otro fueron los del cartel de Cali, después los paramilitares, las Farc, el Eln… Aquí lo que necesitamos es un Estado mucho más fuerte, que sea capaz de ocupar esos territorios, ocupar esos vacíos. Eso requiere tener el valor de decirle al país que se tiene que invertir muchísimo más en seguridad, porque si no hay seguridad, todo lo demás desaparece. 

Y hueso en la zona y no como nosotros, opinando desde Bogotá…

Es que hoy en el Bajo Cauca no hay hospitales, no hay vías, no hay escuelas, no hay comercio, todo desapareció porque no hay seguridad. Necesitamos la seguridad primero para que todo lo demás pueda existir. 

Terrible, gobernador, pero le doy mucho ánimo, ojalá salga adelante, usted tiene mucha capacidad de manejo y está al frente de eso. Abrazo muy entrañable por todo lo que le está tocando vivir.

MARÍA ISABEL RUEDA

Más noticias de Medellín en EL TIEMPO