Tres minerías

La minería en Colombia se da de tres maneras: legal, artesanal o ilegal. La primera se regula mediante permisos de exploración y explotación otorgados por el gobierno nacional en determinados territorios y se debe someter a normas ambientales, de seguridad y sociales.

Por su parte, la minería artesanal es ejercida por pequeños mineros que usan técnicas manuales y equipos de más baja tecnología para extraer minerales, como los barequeros. Los mineros artesanales están organizados en pequeñas cooperativas o asociaciones en áreas rurales y su producción es generalmente de bajo volumen y escala en comparación con las grandes multinacionales.

La minería ilegal es ejercida por grupos armados ilegales que también se dedican al narcotráfico, la extorsión, la explotación de madera y el lavado de activos, mediante el control de la seguridad en el territorio, la explotación de los recursos naturales y la extorsión de pequeños y grandes mineros y comunidades locales. El Clan del Golfo y el ELN son los dos principales grupos armados que se dedican a estas actividades en el Bajo Cauca y el Nordeste de Antioquia

Los tres tipos de minería conviven en el Bajo Cauca y el Nordeste de Antioquia, y esto  produce serias tensiones entre los diferentes grupos, así como otras formas de violencia que afectan a las comunidades locales, tales como el desplazamiento forzado, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, la trata de personas y el desabastecimiento de alimentos, en una región con un 89 % de inseguridad alimentaria y donde apenas el 3 % de lo que se consume es producido allí.

Unos a costa de otros

Como se ha visto en los últimos días, debido a la falta de formalización de la minería artesanal, entre esta y la minería ilegal pueden presentarse líneas muy delgadas que desconozcan a los pequeños mineros.

De aquí que varios mineros dedicados tradicionalmente a esta actividad hayan declarado el paro minero contra las acciones policivas y judiciales del gobierno y la Fuerza Pública.

Por su parte, grupos armados ilegales se sumaron al paro con hechos violentos, como la quema de peajes, oficinas de las autoridades locales, policía y fuerzas militares, así como con atentados contra la misión médica. El gobernador de Antioquia atribuyó estos hechos al Clan del Golfo, señalando además que el grupo armado estaba obligando a los jóvenes a que se sumaran a las acciones violentas.

La práctica de la minería sin la debida autorización o supervisión regulatoria ha sido una fuente de conflicto y degradación ambiental en Colombia, y ha facilitado el arraigo de grupos ilegales que fungen como autoridades en materia de orden público.

Aunque el gobierno ha intentado formalizar la minería artesanal, el progreso ha sido lento y limitado. Los esfuerzos para hacer cumplir las leyes son objeto de resistencia y violencia, ya que los mineros ancestrales sostienen que el enfoque del gobierno es autoritario y que ignora sus necesidades y derechos económicos.

Intentos de negociación

Ya se han presentado dos intentos de negociación sin éxito.

El primero se dio en Caucasia el 9 de marzo, donde estuvieron varios viceministros. En esta ocasión los líderes del Comité solicitaron suspender el diálogo para que asistieran funcionarios con mayor poder de decisión.

El segundo intento se llevó a cabo el 16 de marzo en Bogotá. A esta mesa viajaron 12 representantes del Comité, el ministro del Interior, las ministras de Ambiente y Minas y Energía, así como el Alto Comisionado para la Paz. Sin embargo, no se logró ningún acuerdo.

Ante esto, el Comité solicitó una caracterización de los mineros ancestrales que les permita reconocimiento, garantías en el diálogo, y que otros oportunistas no se beneficien de manera gratuita de los acuerdos.

Problemas que necesitan respuestas

Si bien estos hechos han concentrado la atención de las autoridades y los medios de comunicación en los últimos días, estos problemas no son recientes.

La violencia, la falta de presencia y gobernanza por parte de las autoridades; la presencia de grupos armados ilegales que imponen un tipo de orden en la zona; las afectaciones ambientales; el reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de estos grupos; la inseguridad alimentaria en las dos subregiones, así como otros problemas descritos, hacen parte del día a día de los pobladores de la región.

Desde el Centro de Valor Público, académicos y expertos que trabajan en las dos subregiones ofrecen propuestas que responden a la necesidad de formalizar y reconocer la minería artesanal y mejorar la gobernanza local.