El pasado martes, 20 de diciembre, se informó de la captura de Daniela Echeverry Gómez, patrullera adscrita al Comando de la Metropolitana en Cartagena. La uniformada fue acusada de hacer parte de un conglomerado criminal involucrado en delitos relacionados a la trata de personas en esa ciudad. El lunes 26 de diciembre, finalmente, se anunció que había sido enviada a la cárcel un juez de garantías.

¿Qué hay detrás de esa red ilegal?

Para dar con su captura, agentes especiales de la Fiscalía adelantaron un operativo que consistió en hacerse pasar por ciudadanos interesados en los ‘servicios’ que ofrecía esa organización criminal. Aquellos uniformados rondaron la Torre del Reloj de Cartagena, sitio que se ha convertido en un común denominador para la ejecución de este tipo de delitos. Así fue como, además de Daniela, se logró capturar a Bertha Ramírez Torres, a quien se acusa de ser la principal jefe de la banda.

La mujer fue detenida en el barrio Getsemaní, de Cartagena. A ella, al igual que Daniela, capturada en el municipio de Cravo Norte, en el departamento de Arauca, se le imputaron los delitos de trata de personas e inducción a la prostitución. Ambas negaron tener relación con ello. Las autoridades lograron dar con el paradero de las dos luego de interceptar sus teléfonos, revisar cámaras de seguridad de lugares frecuentados por ellas y escuchar a presuntas víctimas.

Aunque las autoridades han mantenido en reserva los detalles del expediente en contra de las detenidas, se sabe que dentro de las mujeres que fueron explotadas sexualmente hay menores de edad. Varias de ellas provenientes de condiciones de alta vulnerabilidad. Uno de los detalles que más ha llamado la atención de los investigadores es que dentro de las mujeres víctimas estaría la propia hija de Bertha Ramírez.

Las jóvenes, dicen tres testimonios clave con los que cuenta la Fiscalía General de la Nación, habrían sido motivadas a acompañar a colombianos y extranjeros a reconocidos lugares de Cartagena. Por esta labor, quienes accedían al ‘servicio’ llegaban a pagar una comisión de 200.000 pesos. Con el fin de pasar desapercibidas ante los ojos de las autoridades, cada una de las detenidas tenía una labor diferente.

Ramírez, por ejemplo, estaba encargada de construir la imagen legal de su negocio; es decir, construir una fachada para evitar que se conociera lo que había detrás de su actuar. Lo que hacía, entonces, era asegurar que su negocio consistía en vender masajes y tiquetes turísticos. Estos servicios eran ofrecidos a través de catálogos a los clientes. Aquellos documentos, sin embargo, lo que contenían eran los nombres de las mujeres que ofrecían sus servicios sexuales.

Daniela, por su parte, aprovechándose de su cargo dentro de la Policía Nacional, estaba encargada de convencer a compañeras de la institución de trabajar dentro de este negocio de prostitución. Es importante tener en cuenta que Echeverry, dentro de la Policía, ocupaba un cargo que sería clave dentro de su actuar delictivo, pues hacía parte de la división de Infancia y Adolescencia en Cartagena. Esta posición dentro de la institución le habría permitido apoyar redes de prostitución y el tráfico de mujeres jóvenes, específicamente, en los balnearios en las Islas del Rosario y Barú de Cartagena.

Wilson Parada, comandante (e) de la Policía de Cartagena, precisamente, destacó que lo que se conoce hasta ahora sería tan solo la punta del iceberg, pues lo que estaría detrás sería mucho más preocupante. Esta parte de la investigación es apenas la primera de cuatro fases.

“Se trataba de un agente corruptor: ella lo que hacía era acudir a otras funcionarias de la institución para que ejercieran la prostitución y no solo dentro de la institución, además de manera externa”, relató el comandante.

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